· Participaron 11 países de la región latinoamericana
· 82% de los países encuestados dicen que sus expectativas sobre negociaciones de Big Deals se han visto transformadas por la importancia del movimiento de Acceso Abierto
· 79% de los montos informados (un poco más de USD 81 millones) se va a grandes editoriales. Elsevier consume la mayor parte de este dinero.
La Primera Encuesta Regional sobre Negociación y Contratación de Recursos de Información 2019 mostró que América Latina, de acuerdo a los 11 países informantes, gasta un poco más de USD 100 millones en recursos de información (revistas, bases de datos y libros electrónicos), este dato no incluye pagos por APC (Article Processing Charges) ni las suscripciones que contratan universidades y otras instituciones que demandan este tipo de recursos.
María Soledad Bravo-Marchant y Alberto Cabezas-Bullemore, autores del estudio, detallan en el informe que este trabajo busca “(…) cuantificar el gasto que destinaban nuestros países a suscripciones de paquetes de revistas y los mecanismos de contratación y licenciamiento” (p.4).
Este trabajo se remonta a la Segunda Reunión de Consorcios de América Latina y El Caribe, realizada en octubre de 2018 en Santiago de Chile, en donde se priorizó la búsqueda de la autorización de la European University Association para replicar la encuesta sobre Big Deals en la región. La investigación se centra en las contrataciones de tipo Big Deal con cinco grandes editores: American Chemical Society, Elsevier, Springer-Nature, Taylor&Francis y Wiley.
Los autores explican que Big Deal debe entenderse como la “(…) suscripción a una nómina de cientos de revistas, a veces todo el listado de un editor, sin que el comprador pueda suprimir títulos o armar una colección a su medida o necesidad” (p.7).
Para los autores, “el corolario es que enfrentamos una falla de mercado que debemos abordar con políticas públicas específicas porque en el particular mercado de la comunicación científica el “precio” no desempeña, muchas veces, el rol que la economía siempre le ha asignado como regulador de la oferta y la demanda” (p.6).
Se invitó a participar en la encuesta a 13 países, pero solo 11 de estos respondieron: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. México y Paraguay no pudieron participar, el primero por el cambio de Gobierno a finales de 2018 y el segundo porque no se obtuvo una respuesta.
Resultados
De acuerdo a la investigación son los Estados Nacionales quienes en su mayoría realizan las negociaciones de Big Deals (46%), seguido de los Consorcios de Universidades y otras organizaciones (36%).
El 55% de los países dice que cuenta con un comité directivo que supervise las políticas de recursos documentales electrónicos. Dichos comités suelen estar conformados por especialistas en ciencias de la información y representantes de organizaciones miembros del consorcio o de los programas nacionales de acceso.
El 55% de los países comenta que las universidades desempeñan algún rol en los procesos de negociación. En la mayoría de los casos (84%) el rol es como negociador principal o como el aportante de los recursos (36%).
En cuanto a los procesos de negociación, los países manifiestan ciertas preocupaciones en los contratos. Se detallaron tres que sobresalen: la reducción de costos, la integridad de las colecciones que se contratan y el control de costos.
Otro dato importante es que el 73% de los países encuestados comentaron tener una política o una estrategia nacional de acceso abierto. Aún pese a esto “(…) 91% de los contratos de Big Deal que este instrumento catastró no incluye ninguna cláusula sobre este aspecto” (p.17).
No obstante, una luz surge ante todos estos datos y es que los países encuestados dicen que en negociaciones futuras sí desean incluir cláusulas sobre acceso abierto, sobre todo encaminadas hacia la ruta verde.
Lo anterior se suma a que el 82% dice que sus expectativas en los procesos de negociación y contratación han cambiado teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido el movimiento de Acceso Abierto en los últimos años. Se menciona, por ejemplo: “Hemos introducido el tema en el proceso de negociación, a pesar de la reluctancia de algunos editores. Hemos conseguido incluir cláusulas de ruta verde en algunos de los contratos (Springer, Wiley). Hemos visto rebajas marginales de precios por efecto del tránsito de algunos títulos a formatos de acceso abierto (OUP, Wiley, Annual Reviews, Elsevier con el acuerdo SCOAP3)” (p.18).
Sobre la ruta dorada, se consultó si en los programas nacionales de acceso existía algún sistema de monitoreo para recolectar datos sobre los fondos destinados a pagar por publicar las tarifas denominadas APC (Article Processing Charges). Solo uno de los países dice poseer esta información. Se les consultó también si las suscripciones y los pagos por publicar (APC) estaban incluidos en el mismo contrato, todos los países respondieron que no.
Sobre los números de contratos Big Deals, los países reportan un total de 139 contratos, pero esta cifra se basa en la información que tienen los representantes que participaron de la encuesta, por lo que se trata de estimaciones. Aún así, el 73% de los países dice que no existe ninguna organización a nivel nacional responsable de recolectar y procesar información sobre los contratos.
Enormes gastos
“Los once consorcios encuestados reportan un gasto anual aproximado en recursos electrónicos (revistas, bases de datos y libros electrónicos) de USD 102.788.847. El monto excluye pagos por APC y las suscripciones que contratan las universidades y otras instituciones que demandan este tipo de recursos, por lo que el monto informado subestima el gasto de la región” (p.25).
El origen de estos fondos proviene, en su mayoría (55%) de universidades y agencias de gobierno.
Se reporta, además, un total de 31 contratos con las cinco editoriales mencionadas anteriormente, lo que totaliza un monto de USD 81.343.894. Esto representa el 79% de los montos informados por los consorcios en contrataciones de Big Deals a escala regional.
En cuanto a la participación de estas casas editoriales, el 62,06% es tomada por Elsevier, seguido de Springer-Nature con un 22,62%, los últimos lugares son ocupados por Wiley (7,80%), Taylor&Francis (3,85%) y : American Chemical Society (3,68%). Para los países, el primero de estos es el que implica mayor dificultad a la hora de negociar un acuerdo.
Otro aspecto tratado fue el tema de la duración de los contratos, un poco más del 33% no suelen alcanzar un año, el 26% dura dos años y solo un 13% dura cinco años. Para los investigadores: “La disparidad habla de una región que vive en un proceso permanente de negociación de contratos con toda la presión que ello implica para los presupuestos nacionales e institucionales y para los equipos a cargo de estos procesos” (p.40).
Finalmente, los autores hacen el llamado a seguir fortaleciendo la comunicación científica en la región y señalan esfuerzos que se han venidos realizando en los últimos años: “En la región hay actores relevantes en la edición científica como la red SciELO, iniciada en Brasil en 1997, y otras iniciativas que se han ido perfilando en el tiempo como LA Referencia, que nuclea a los repositorios de diez países que operan con estándares internacionales con el fin de visibilizar la producción científica de la región” (p.45).
